
Cuando una empresa deja de pagar el salario o acumula retrasos en el abono de las nóminas, el trabajador no tiene por qué resignarse a esa situación. La legislación laboral contempla una vía para poner fin al contrato por incumplimiento empresarial y obtener la indemnización correspondiente a un despido improcedente. Se trata de la extinción indemnizada prevista en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, conocida habitualmente como autodespido.
Ahora bien, no basta con que exista una cantidad pendiente para solicitarla con garantías. El autodespido por impago de nóminas exige que el incumplimiento tenga la gravedad prevista legalmente y que se tramite por el procedimiento adecuado. En Lozano-Esteban Abogados explicamos qué circunstancias justifican esta decisión, qué pruebas conviene reunir y cuáles son los derechos económicos que corresponden al trabajador.
¿Qué es el autodespido por impago de nóminas?
El autodespido no es una dimisión ni una baja voluntaria. Es una acción mediante la cual el trabajador solicita judicialmente la extinción de su contrato porque la empresa ha incumplido de forma grave sus obligaciones. Su regulación se encuentra en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho a solicitar la resolución del vínculo laboral por falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario.
La diferencia es fundamental: en una dimisión, el trabajador decide marcharse y, por regla general, no tiene derecho a indemnización ni a prestación por desempleo por esa causa. En cambio, cuando un juzgado estima la acción de extinción por incumplimiento empresarial, reconoce al trabajador la indemnización equivalente a la del despido improcedente.
Asimismo, la extinción del contrato no impide reclamar las cantidades salariales pendientes. Ambas pretensiones pueden plantearse conjuntamente:
- Solicitar que termine la relación laboral por causa imputable a la empresa y
- Exigir el abono de las nóminas adeudadas.
Requisitos legales para solicitar el autodespido por causa del impago de nóminas
El requisito esencial es que exista una falta de pago o un retraso continuado en el abono del salario pactado que alcance la gravedad exigida por el artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores. Desde la modificación introducida por la Ley Orgánica 1/2025, vigente desde el 3 de abril de 2025, la norma concreta los supuestos en los que se considera que concurre esta causa.
En particular, establece dos referencias:
- Tres mensualidades completas adeudadas en un periodo de un año, aunque no sean consecutivas. No es necesario que la empresa haya dejado de pagar tres meses seguidos.
- Retrasos en el pago del salario durante seis meses, aunque tampoco sean consecutivos. Para considerar que existe retraso, el abono debe producirse más de quince días después de la fecha fijada.
Estos criterios ofrecen una referencia legal concreta, pero no agotan todas las situaciones posibles. El propio artículo permite que el juez aprecie otros supuestos como causa justa. Por tanto, un incumplimiento que no encaje exactamente en esos parámetros también debe analizarse según sus circunstancias y gravedad.
No basta con alegar dificultades económicas de la empresa ni con manifestar que el pago se ha producido fuera de fecha. Es necesario acreditar los impagos o retrasos y aportar elementos que permitan valorar su continuidad y entidad.
¿Qué pruebas sirven para acreditar el incumplimiento?
La documentación resulta esencial para demostrar la situación. Entre las pruebas más útiles se encuentran:
- Nóminas correspondientes a los meses pendientes de pago.
- Extractos bancarios que permitan comprobar qué salarios se han ingresado y cuáles siguen pendientes.
- Contrato de trabajo y documentos que acrediten las condiciones retributivas pactadas.
- Correos electrónicos, mensajes o comunicaciones en los que la empresa reconozca la deuda o explique los retrasos.
- Reclamaciones anteriores y respuestas de la empresa, si las hubiera.
Conviene ordenar la documentación por mensualidades y distinguir las cantidades abonadas parcialmente de aquellas que no se han pagado. Así se facilita el cálculo de la deuda y la valoración de los incumplimientos.
Cómo solicitar la extinción del contrato y reclamar las nóminas pendientes
La solicitud de extinción indemnizada debe tramitarse ante la jurisdicción social. Antes de presentar la demanda, conviene preparar una relación detallada de las mensualidades adeudadas, los retrasos producidos y las pruebas disponibles. El procedimiento comprende, con carácter general, estos pasos:
1. Reunir la documentación. Hay que recopilar las nóminas, el contrato, los movimientos bancarios y las comunicaciones relacionadas con el impago. También es importante calcular las cantidades pendientes y comprobar las fechas en que debieron abonarse.
2. Valorar la reclamación extrajudicial. Enviar un burofax o una comunicación fehaciente permite dejar constancia de la deuda y del requerimiento de pago. No constituye un requisito obligatorio para solicitar la extinción, pero puede resultar útil como prueba y para reclamar las cantidades pendientes.
3. Presentar la papeleta de conciliación. Como regla general, antes de acudir al juzgado debe intentarse la conciliación administrativa ante el servicio correspondiente, como el SMAC. En este trámite se identifican las pretensiones frente a la empresa y se busca una solución acordada.
4. Interponer la demanda. Si no se alcanza un acuerdo, se presenta la demanda ante el juzgado de lo social. En ella se solicita la extinción del contrato por incumplimiento empresarial y se reclaman los salarios pendientes, cuando corresponda.
Es importante no confundir esta acción con una dimisión. La regla general es que el trabajador continúe prestando servicios mientras se resuelve el procedimiento. No obstante, la jurisprudencia admite excepciones en circunstancias graves, por ejemplo, cuando la continuidad de la prestación ocasiona un perjuicio patrimonial especialmente intenso. Por eso, dejar de acudir al trabajo sin asesoramiento previo puede generar riesgos para la reclamación.
Indemnización, salarios pendientes y plazos para reclamar
Si el juzgado estima la solicitud de extinción, el trabajador tiene derecho a la indemnización prevista para el despido improcedente. Con carácter general, el cálculo es de 33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. Para los periodos trabajados antes del 12 de febrero de 2012 se aplica el régimen transitorio de 45 días por año, con el límite correspondiente de 42 mensualidades para el cálculo conjunto.
A esta indemnización se suman los salarios que la empresa no haya abonado y otras cantidades salariales pendientes que procedan. Por otra parte, el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores establece un interés por mora del 10 % sobre las cantidades salariales adeudadas.
En cuanto a los plazos, es esencial distinguir entre la acción de extinción y la reclamación de salarios. Las cantidades salariales prescriben al año desde el momento en que cada una pudo reclamarse. Por ello, no conviene acumular mensualidades sin actuar.
La acción del artículo 50 no debe confundirse con la impugnación de un despido empresarial, que está sometida al plazo de caducidad de 20 días hábiles; tampoco existe un plazo general de 60 días hábiles. La determinación del plazo aplicable y de la estrategia procesal exige revisar las circunstancias concretas del caso.
Si la empresa resulta insolvente o se encuentra en concurso, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) puede asumir parte de los salarios y de las indemnizaciones reconocidas, siempre dentro de los límites legales y cuando se cumplan los requisitos para acceder a la prestación.
Lozano-Esteban Abogados | Defiende tus derechos laborales
El impago de salarios y los retrasos reiterados no obligan al trabajador a permanecer indefinidamente en una relación laboral incumplida. Conocer los requisitos legales, conservar las pruebas y utilizar el procedimiento adecuado resulta esencial para reclamar la extinción del contrato y las cantidades pendientes.
En Lozano-Esteban Abogados analizamos cada situación, valoramos si concurren las causas previstas en el Estatuto de los Trabajadores y asesoramos durante la reclamación. Si necesitas solicitar el autodespido por impago de nóminas, contacta con nuestro despacho para estudiar tu caso y defender tus derechos laborales.